Una familia en Hialeah, heredera de uno de los principales bancos cubanos antes de 1959, presentó una demanda amparada por la ley Helms-Burton por $792 millones contra el banco francés Société Générale, al que acusa de “traficar” con su propiedad, ahora parte del Banco Nacional de Cuba.

La demanda fue presentada el miércoles en Miami en la corte federal del distrito sur de la Florida.

El Banco Nuñez, el segundo banco nacional más importante de la isla, tenía 22 sucursales y controlaba $105 millones en activos en 1958. El banco, valorado en cerca de $8 millones, fue confiscado en octubre de 1960 por el gobierno de Fidel Castro e integrado al nuevo Banco Nacional de Cuba. El gobierno cubano no ofreció compensación por la expropiación de la banca.

En mayo de este año, el presidente Donald Trump decidió poner en vigor el Título III de la ley Helms-Burton, una provisión que permite presentar demandas en cortes federales para buscar compensación por propiedades que fueron confiscadas por el gobierno de Castro. Desde que la ley había sido firmada en 1996, todos los presidentes, desde Bill Clinton hasta Barack Obama, habían suspendido el derecho a demandar previsto por la ley para evitar conflictos con países aliados que mantienen negocios con Cuba.

La ley autoriza el cálculo de los daños a partir del valor original de la propiedad (en este caso $7.8 millones) más intereses anuales del 6 por ciento. Si la compañía acusada de beneficiarse de la propiedad robada no desiste de sus actividades a los 30 días de haber sido notificada, los demandantes tienen derecho a triplicar la cifra.

“Esta es la primera demanda contra una institución financiera que ha sido presentada bajo la ley Helms-Burton,” dijo el abogado Javier López, de la firma Kozyak, Tropin & Throckmorton con sede en Miami.

López y otro abogado de la firma, Evan Stroman, representan a catorce herederos de Carlos Núñez y Pura Galvez, los dueños del banco. “Ellos estaban esperando por el día en que un presidente quitara el botón de pausa y les permitiera obtener justicia,” dijo López.

Según la demanda, los herederos tienen derecho al 10.5 por ciento del valor del Banco Nacional de Cuba y por tanto, alegan que el banco francés Societé Générale “traficó” con su propiedad al ingresar más de mil millones de dólares por operaciones financieras con el BNC.

A su favor, dicen los abogados, está la admisión del propio banco francés de haber violado las leyes y regulaciones del embargo, según consta en un acuerdo con el Departamento del Tesoro y otras agencias del gobierno estadounidense por el cual acordaron pagar una multa de $1,400 millones en noviembre del 2018.

Según los documentos del caso, el banco francés admitió haber encubierto transacciones financieras relacionadas con Cuba, entre ellas créditos y préstamos al Banco Nacional de Cuba con el fin de evadir las sanciones de EEUU. El banco francés utilizó una subsidiaria en Nueva York y otras instituciones financieras del país para estas operaciones.

“Ellos admitieron esa conducta criminal que consta como ‘tráfico’ según establece la ley Helms Burton y lo vamos a usar contra ellos en la demanda civil”, dijo López. La ley establece que cualquier operación comercial o financiera que involucre una propiedad confiscada, salvo contadas excepciones, constituye “tráfico”.

Société Générale no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.

La demanda contra el banco francés se añade a otras cinco ya presentadas contra la compañía de cruceros Carnival, varias compañías cubanas (CIMEX, Cuba Petróleo, Gaviota SA, Cubanacán y Grupo Hotelero Gran Caribe) y el sitio de viajes Trivago, una subsidiaria de Expedia.

John Kavulich— presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council— estima que hay más de tres docenas de objetivos potenciales de estas demandas en 21 países, incluidas aerolíneas estadounidenses como American Airlines y Delta.

Según el experto, es probable que muchos de estos casos terminen con arreglos fuera de la corte, lo que permitiría a estas compañías continuar sus negocios sin ser temor a ser sancionados por Estados Unidos. 

Los acuerdos también resultarían “en un aumento en el valor operacional de un activo ubicado en Cuba”, dijo Kavulich, debido a una mayor confianza de inversionistas, socios y proveedores en la viabilidad a largo plazo del negocio.